El recorte a la dependencia ahorrará 1,5 millones de euros

La Generalitat suspendió durante los últimos meses las prestaciones para pagar geriátricos a ancianos dependientes con el fin de ahorrar un millón y medio de euros.

Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia, evitó cifrar el ahorro económico que entraña la medida:

“Me produce mucha angustia hablar de ahorro cuando hablamos de la ley de dependencia. Esta medida no es tanto para conseguir ahorro si no para evitar que lleguemos a tener un escenario de no poder cubrir unos derechos reconocidos”.

Munté insistió en que la decisión se ha tomado ante la financiación “manifiestamente insuficiente” del Estado, al que acusa de hacerse cargo del 20% del gasto frente al 80% que sufraga la Generalitat, afirma también que la medida podría afectar a 500 dependientes.

Cinta Pascual, presidenta de ACRA, quiso ir más allá con la cifra de los afectados y calculó que se verán implicados alrededor de un millar de ancianos, el doble de lo previsto por el gobierno catalán.

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“La dependencia no hace vacaciones. Hay 17.000 personas en lista de espera para residencias públicas, ya no dan ayudas para los cuidadores no profesionales y ahora tampoco las prestaciones para pagar residencias. Esto es un caos para el sector”.

Los trabajadores sociales también han denunciado el nuevo recorte que, consideran, “deja en situación de desamparo a las personas que no pueden hacer frente al coste de la plaza”. El colectivo recibió una circular interna el pasado lunes en la que se le informaba de la decisión. El comunicado especificaba que “aunque la medida habla de provisionalidad, no se puede garantizar que no se prolongue en el tiempo“.